Esta ley orgánica regula cómo el Estado español asume una parte de la deuda pública de las comunidades autónomas de régimen común (es decir, todas excepto el País Vasco y Navarra). La medida es voluntaria: cada comunidad puede decidir si se acoge o no. No afecta a Ceuta ni a Melilla. El punto de partida es la deuda extra que acumularon las comunidades durante la crisis financiera de 2010 a 2013, comparada con la que acumularon entre 2020 y 2023. Ese diferencial asciende a 80.310 millones de euros, y sobre esa cifra se calculan los importes que el Estado asume de cada comunidad.

El reparto se hace en tres tramos. El primero distribuye el 75% de esos 80.310 millones según el peso de la población ajustada de cada comunidad entre 2010 y 2022. El segundo tramo garantiza que ninguna comunidad reciba, en proporción a su deuda, menos que la media obtenida en el primer tramo. El tercer tramo beneficia a comunidades que entre 2010 y 2022 recibieron menos financiación por habitante que la media o que en ese periodo subieron el IRPF por encima de lo que lo hizo el conjunto. En ningún caso el Estado puede asumir más del 50% de la deuda que tenía una comunidad a 31 de diciembre de 2023. Para los casos en que la deuda está con el propio fondo estatal ya existente (Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas), se cancela directamente; cuando la deuda es con bancos u otros acreedores privados, se crea un nuevo vehículo llamado Fondo para la amortización de la deuda autonómica de mercado, gestionado por la Secretaría General del Tesoro a través del ICO, que se coloca en el lugar de la comunidad deudora. Además, se transforma el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas para que en el futuro funcione solo como mecanismo de último recurso.